El pasado 10 de abril el Parlamento Europeo aprobó por pequeña mayoría (300 votos a favor, 270 en contra) las normas del Pacto de Migración y Asilo.
Su objetivo principal es gestionar los flujos migratorios de forma más eficiente y segura y poner orden en un sistema disfuncional y conflictivo. Sin embargo, tras su fachada de orden y control, esconde una realidad dehumanizadora que vulnera la dignidad y los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas.
El Pacto prioriza la externalización de las fronteras, aumenta la presencia policial en las mismas y criminaliza la migración irregular.
La narrativa que monta el Pacto está plagada de términos deshumanizantes como “flujos migratorios”, “carga migratoria” o “ilegal” y habla del “reparto” de migrantes según la necesidad de empleo de los países. Esta deshumanización del lenguaje crea un clima de hostilidad y xenofobia en la población de los países europeos receptores, y alimenta la discriminación y el racismo contra los migrantes.
El Pacto no aborda las causas estructurales de la migración, como la pobreza, la guerra, la violencia, la crisis climática, la pérdida de medios de subsistencia o la persecución, ignorando la desesperación y las circunstancias que los obligan a dejar sus países.
No ofrece soluciones duraderas ni garantiza la protección de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. Este Pacto supone un paso atrás en la protección de las personas y en la construcción de una Europa justa e inclusiva.
Es necesario replantearse la situación migratoria y adoptar un modelo basado en la solidaridad y la responsabilidad de todos, que implica acoger, proteger, promover, integrar, el acompañamiento de procesos, la asistencia jurídica y médica, prohibir las detenciones arbitrarias y el trato vejatorio y respetar el principio de no devolución a los países de origen.
La libertad de cada persona de elegir migrar o no migrar, es un derecho inalienable ligado a la dignidad del ser humano.
Si las circunstancias empujan a las personas a la migración para buscar condiciones de vida más humanas, es obligación de los Estados crear rutas legales y seguras que luchen contra la trata y el tráfico ilegal de personas.